Se tomaron muy en serio las y los diputados el tema de la legislación con perspectiva de género y ayer dictaminaron sendas reformas que vendrán a resolver asuntos que realmente tocan y lastiman la vida cotidiana sobre todo de las mujeres.

De entrada se aprobó reformar el artículo 24 del Código de familia, que parece haber sido redactado en el medioevo, ya que impedía a las mujeres divorciadas volver a casarse en un plazo no menor de 300 días, o someterse a una prueba de embarazo, esto último con la finalidad de saber con certeza la paternidad del bebé en gestación, en caso de que el resultado fuera positivo.

Esta fue una propuesta de la diputada Elly Sallard, del PRI, quien calificó la legislación derogada como una norma totalmente discriminatoria para las mujeres (los hombres pueden casarse cinco minutos después de haber firmado el divorcio), vulnera los derechos de igualdad de las mujeres, su dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, pero además es violatoria de tratados internacionales en la materia.

La iniciativa, expuso, surgió de sus recorridos en campaña durante el proceso electoral del año pasado, cuando varias mujeres le plantearon el drama que representa un divorcio cuando la pareja es uno de los típicos machos que todavía actúan bajo la premisa de que ‘si no eres mía no eres de nadie’; que albergan dudas sobre la paternidad de algún hijo y que hasta llegan al hostigamiento y la violencia.

En ese mismo tenor, la diputada Alejandra López Noriega, del PAN, presentó una iniciativa de ley que busca proteger al cónyuge que, habiéndose dedicado a las tareas del hogar y encontrándose en situación de desigualdad, usualmente queda en el desamparo en caso de divorcio.

También se trata de una reforma al Código de familia para proteger al cónyuge (generalmente la cónyuge) que realiza tareas no remuneradas y a quienes la legislación actual deja en el desamparo en caso de divorcio, si no adquirió bienes o no desarrolló una carrera profesional por dedicarse al hogar.

Por último, el diputado Jacobo Mendoza, de Morena, presentó una iniciativa a favor de la adopción post-mortem, esto es, un mecanismo que garantiza el derecho de adopción aun cuando los padres adoptivos hayan fallecido en el proceso.

La propuesta va en el sentido de que si en el proceso de adopción fallece uno de los cónyuges adoptivos, el otro puede continuar el proceso; o si fallecen ambos, los abuelos pueden seguir el procedimiento siempre y cuando así sea su voluntad y se hayan creado entre ellos lazos afectivos de carácter filial.

La iniciativa también protege a todos aquellos menores que se encuentren sujetos a un juicio de adopción y cumplan la mayoría de edad durante el proceso. En esos casos el juicio debe continuar y la sentencia surtir efecto como si se tratara de un menor de edad.

Son iniciativas que sin duda van orientadas a proteger a las personas más vulnerables, especialmente las mujeres, por lo que probablemente también causen escozor entre la población masculina, señaladamente en aquellos que siguen viviendo en el México decimonónico y creen que aún está vigente el derecho de pernada y otras prácticas históricas de abuso y servidumbre sexual y económica.

Pero si creen que esto para aquí, permítanme decirles que no. Muy pronto habrá de presentarse una iniciativa que sacará aún más chispas entre el machirulismo rapaz, solo que no estoy en condiciones de darles más detalles. Pero aquí se van a enterar en los próximos días sobre este tema.

Y ya que andamos por rumbos del Congreso del Estado, los y las legisladoras enviaron un exhorto al gobernador del estado para que se ponga las pilas en la resolución del conflicto con los concesionarios a quienes se les requisaron los títulos y que desde hace varias semanas mantienen un ruidoso plantón exigiendo se les indemnice conforme a lo que ellos consideran justo (un millón y medio de pesos), aunque el gobierno ya abrió una ventanilla para pagar a razón de medio millón de pesos por concesión requisada.

La bronca, obviamente le va a caer al gobernador Alfonso Durazo (por si le faltara alguna) y en muy buena medida eso deriva del deficiente trabajo que ha realizado en la Dirección del Transporte su titular Lirio del Castillo, que nomás no encuentra la punta de la hebra a la enredada madeja de este conflicto.

Lirio del Castillo, quien solicitó licencia para separarse de su cargo como diputada local (llegó como plurinominal del Partido Verde) y prefirió asumir las riendas de aquella dependencia estatal, ahorita debe estar dándose de topes contra las paredes, porque eso de echarle problemas encima al gobernador en lugar de quitárselos no suele ser lo más recomendable.

Lo paradójico del caso es que fue Claudia Zulema Bours, su ex compañera de bancada verde (aunque ésta sí electa por el voto popular) quien presentó el exhorto de marras, en el que se admite estar al tanto de las negociaciones entre las partes en conflicto, sin embargo no se ha logrado resolver.

Esto debería servir para que la señora Del Castillo pusiera más de su parte para destrabar el conflicto, pero me dicen que no suda ni se acongoja mucho y ahorita anda más ocupada en una consulta popular para modificar rutas del transporte en Hermosillo. Su despreocupación, me dicen, obedece a que se siente muy respaldada por un padrino cuya identidad no me quisieron revelar, pero está fuera de la esfera gubernamental. Eso dicen.

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